Conocer la carga asistencial del médico de familia en Andalucía durante la tercera ola de la pandemia por SARS-CoV- 2, el tipo de agenda establecida y la existencia de un circuito Covid..

Estudio transversal mediante cuestionario online para médicos de centros de Atención Primaria. Se recogen los datos asistenciales de la consulta pasada el 25/01/2021 valorando la frecuentación (con y sin cita), el tipo de atención (demanda clínica, administrativa, urgente, domicilio) y la existencia de un “circuito COVID-19” (atención presencial diferenciada y seguimiento telefónico). Reclutamiento tras correo masivo desde SAMFyC (dos envíos). Posible sesgo de selección. Análisis descriptivo y bivariante. Se asegura anonimato a los participantes.

182 encuestas (58% mujeres; edad 50,0±10,8 años; 66,5% zonas urbanas) de todas las provincias (Jaén 31%, Sevilla 13%, Granada 14%, resto 7-9% cada una). Cada médico/a de familia atiende 62,2±19,8 consultas diarias. Se atienden más pacientes en zonas rurales (56,6±18,4 vs 67,4±21,2; p=0,021 t Student). La agenda se reparte en un 24% demanda presencial (14,9±10,8 citas), 17% administrativa (10,8±9,6), 56,5% telefónica (35,4±11,9) y 2,5% domiciliaria (1,6±1,9). Un 16,7% de los pacientes son atendidos sin cita previa, sobre todo demanda presencial (78%) y con mayor frecuentación en zonas rurales (7,1±0,9 vs 19,5±3,7; p=0,061 t Student). Las agendas específicas para la atención al COVID-19 son 65% presenciales (15,0±14,5 citas diarias) y 43% telefónicas (26,8±29,6 citas). El seguimiento de los pacientes con COVID-19 es realizado por el médico/a de familia (83%) y enfermería (55%), con menor presencia de rastreadores externos (10%) y médicos jubilados (3%).

La carga asistencial es excesiva con una sobrecarga de atención telefónica y un elevado número de pacientes sin cita. Las zonas rurales tienen agendas con mayor número de pacientes. El peso del estudio y seguimiento de los pacientes COVID-19 recae casi en su totalidad en Atención Primaria.

No precisa autorizacion por CEI. Se contempla la Ley 3/2018 para la proteccion de datos.